El Ayuntamiento de Madrid no va a renovar los contratos que mantenía hasta ahora con las agencias de calificación Standard & Poor’s y Fitch, cuyos contratos vencen mañana jueves, 31 de diciembre. El Gobierno no tiene intención de emitir deuda y mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios sin necesidad de contraer nuevos créditos. Subraya su apuesta por la transparencia y la reducción del gasto en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía, concentrando el esfuerzo en el gasto social y la inversión en los distritos.
Los contratos con ambas agencias –cuya relación comercial con el Ayuntamiento comenzó en 2002– han supuesto un desembolso para las arcas municipales de más de 100.000 euros en 2015: Fitch ha recibido 50.469,12 euros por sus servicios de este año, mientras que Standard & Poor’s ha cobrado 56.481,55 euros. El gasto total desde 2002 supera el millón de euros.
Las calificaciones de agencias privadas son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos. El actual Gobierno municipal de Madrid no tiene intención de contraer más créditos, más allá de la cuantiosa deuda que recibió. El margen para negociar el pago de intereses y devolución de crédito es además muy limitado con las condiciones impuestas.
El pago de la deuda, que hasta ahora suponía un 27% del Presupuesto (1 de cada 4 euros se iban a deuda en 2015) ronda el 15% en 2016. Se respetan las obligaciones contraídas, pero se da prioridad a la inversión social frente a una amortización anticipada que no revierte en beneficios para la ciudadanía.
Para el Gobierno municipal es fundamental el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas públicas con todos los grupos municipales, organismos públicos europeos y estatales, y con la propia ciudadanía. Rendición de cuentas que no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan. Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación
