La Policía Municipal de Madrid ha hecho público el 11 de noviembre de 2026 el balance de casi tres años de su Sección de Protección del Patrimonio Urbano (SEPROPUR): 802 expedientes, 628 informes, 875 denuncias, 63 investigados, 1.466 personas identificadas, 190 atestados remitidos a los juzgados de instrucción y 17 a la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos de daños a edificios protegidos o de interés cultural.
La sección depende de la Comisaría de Medio Ambiente y Urbanismo y trabaja desde la renovada comisaría de la calle del Plomo, con una treintena de agentes en turnos de mañana, tarde y noche, las 24 horas todo el año. Sus planes de actuación parten de mapas de riesgo de los espacios públicos afectados y se coordinan con las comisarías de distrito, el servicio municipal de limpieza, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
Los agentes registran y localizan las pintadas, investigan su posible autoría junto a los servicios de grafología, rastrean redes sociales de acceso público, tramitan los atestados y centralizan las denuncias administrativas de las comisarías en una base de datos. Mantienen además contacto con el Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes para restituir el bien dañado y con los administradores de fincas cuando las pintadas afectan a fachadas privadas.
La unidad se suma a las patrullas antigrafitis creadas en septiembre de 2022 con el Servicio Público de Limpieza Urgente (SELUR), que responden a los avisos vecinales, revisan periódicamente las zonas más afectadas y retiran también las pintadas sobre metal, metacrilato y plástico, que hasta entonces no se cubrían.
Las sanciones se rigen por el artículo 20 de la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Desde diciembre de 2019 las multas por pintadas en cierres comerciales pasaron de 500 a 1.000 euros, las de mobiliario urbano, muretes, pilares y puertas de 300 a 600 euros, y en edificios emblemáticos ascienden a 2.000 euros si la pintada mide menos de un palmo y a 3.000 si lo supera. Una primera pintada supone entre 600 y 3.000 euros según la superficie, y la reincidencia eleva la cuantía. Desde diciembre de 2024, quienes tienen infracciones por grafitis pueden sustituir la sanción por borrar pintadas.
Entre las intervenciones destacadas figuran la investigación a dos grafiteros por pintadas en la parte posterior de la plaza de la Villa y en el monumento a las víctimas de Mauthausen, los diez investigados por daños en el Museo de América, Bien de Interés Cultural, la intervención por daños en el monumento a la infanta Isabel de Borbón en Moncloa-Aravaca, el operativo del parque de la Cuña Verde, en Latina, con cinco denunciados y 200 sprays intervenidos, y las denuncias en la tapia de Sabatini y en los cuarteles de Campamento.
Las denuncias acumuladas han llevado a un vecino de Chamberí a sanciones de hasta 8.000 euros, tras lo que asumió su autoría y recibió 2.500 euros de sanción y 40 horas de trabajo en beneficio de la comunidad; a un vecino de Arganzuela a 15.000 euros, y a un grafitero habitual de la plaza del Dos de Mayo a un acumulado superior a 20.000 euros. Los detenidos in fraganti sobre edificios protegidos, estatuas o paramentos de especial protección esperan juicio penal, donde el daño al patrimonio histórico se castiga con hasta cuatro años de cárcel.
