La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha informado hoy a la Junta de Gobierno de que la concejal delegada de Coordinación Territorial, Transparencia, Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía, Silvia Saavedra, dictará una instrucción a la mayor brevedad por la que se cancelarán las fiestas y actividades promovidas por las 21 juntas municipales de distrito previstas entre los meses de mayo y octubre debido a la crisis de la COVID-19.
El objetivo de esta decisión es prevenir situaciones que puedan facilitar el contagio como las aglomeraciones, tal y como se está haciendo en otros ayuntamientos y ciudades europeas. Dicha decisión se sustenta también en la prórroga del actual estado de alarma hasta el 9 de mayo y la falta de determinación de cuáles serán las medidas que, una vez finalice la prórroga, se pondrán en marcha para llevar a cabo la salida del confinamiento y para evitar las actividades e iniciativas que supongan aglomeración de personas.
De ahí la próxima suspensión de todas las fiestas, actuaciones y actividades al aire libre o en recintos cerrados (salones de actos, auditorios, etc.) promovidas por las juntas de distrito que tengan previsto realizarse entre los meses de mayo a octubre. También de aquellas en las que, independientemente del lugar en que se celebren, no vaya a ser posible asegurar y controlar el acceso y las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social.
La medida afectará también a las fiestas de verano de los 21 distritos de la ciudad, que se desarrollan cada año entre junio y septiembre. En este sentido, el Área de Coordinación Territorial, Transparencia, Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía, prevé la suspensión de los contratos o la no continuación de su tramitación.
Se estima que el crédito que se liberará de la suspensión de estas actuaciones superará los 4 millones de euros, que se destinará preferiblemente a actuaciones en materia de servicios sociales (en la medida de lo posible y de las circunstancias de cada distrito) y a la dinamización de la actividad económica. Además, una parte de esa cuantía será empleada para indemnizar a los adjudicatarios de contratos vinculados a las fiestas que se suspendan.