Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de origen rumano dedicada a la explotación sexual de mujeres en polígonos industriales de Madrid. El grupo utilizaba el método conocido como “lover boy” para captar a mujeres de su misma nacionalidad y trasladarlas a España, Bélgica y Reino Unido. En la operación se ha liberado a 10 mujeres de nacionalidad rumana, una de ellas con una discapacidad psíquica, y hay cinco personas detenidas, tres en la localidad madrileña de Getafe y dos en la ciudad de Madrid. Entre los arrestados está el líder de la organización, que fue interceptado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas cuando pretendía viajar a Reino Unido para ampliar su actividad en aquel país.
La Policía Nacional cuenta con agentes especializados en la lucha contra la denominada “esclavitud del Siglo XXI” que, desplegados por todo el territorio nacional, son coordinados desde la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. A la continúa labor de los investigadores hay que añadir la colaboración ciudadana, herramienta fundamental para combatir esta lacra gracias a las informaciones que se reciben en el Servicio de Atención de Víctimas de TSH. Solo el pasado año se recibieron 2.436 avisos en relación a esta tipología delictiva, todas ellas tratadas de forma anónima y confidencial, sin que quede reflejada la llamada en la factura telefónica.
Prostituidas en polígonos industriales de Madrid
La investigación se inició gracias a la colaboración entre la Policía Nacional y una ONG especializada en la trata de seres humanos que permitió la localización e identificación de un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres captadas mediante el método conocido como “lover boy”. Éste método consiste en el establecimiento de una relación sentimental entre
una mujer y un proxeneta, que simula ser un novio que se preocupa y protege a su pareja. De esta manera, y aprovechando el vínculo emocional generado, el proxeneta embauca a la mujer para hacer todo lo que él desea, incluyendo el ejercicio de la prostitución en otro país.
La organización criminal desarticulada, que tenía su sede principal de operaciones en Madrid, captaba a las mujeres en Rumanía y las trasladaba a España, Bélgica y Reino Unido, donde las obligaban a ejercer la prostitución. En España, la explotación de las mujeres se producía en las calles de los polígonos industriales de Marconi y Vicálvaro, en la ciudad de Madrid.
Las mujeres eran prostituidas en condiciones higiénicas deplorables, con grave riesgo de contagio y transmisión de enfermedades sexuales en plena crisis sanitaria generada por el Covid-19. Eran coaccionadas e intimidadas por los explotadores, sufrían agresiones físicas, castigos corporales y amenazas de muerte, y habían asimilado la idea de que la única alternativa para su subsistencia era el ejercicio de la prostitución. Los proxenetas, carentes de escrúpulos, no dudaron en prostituir a una de las mujeres a pesar de su discapacidad psíquica.
Obligadas a trabajar desnudas y con una deuda inalcanzable
La organización ejercía un férreo control sobre las mujeres. Limitaba sus contactos sociales a los creados con los clientes o con otras víctimas y obligaba a algunas de ellas a trabajar completamente desnudas. Diariamente entregaban el dinero ganado a los proxenetas, con los que habían adquirido una deuda derivada de los gastos del viaje, hospedaje, manutención, vestimenta y cuidados médicos, entre otros, que era imposible de saldar.
Los proxenetas trataban a las mujeres como esclavas, como simples mercancías que podían vender, prestar o alquilar para obtener un beneficio, habiendo constatado los agentes el plan de venta de una de las mujeres a otro grupo criminal. Mantenían un alto nivel de vida, con el manejo de importantes cantidades de dinero, coches de alta gama, consumo de drogas y alcohol, y todo ello sin contar con trabajos remunerados en España o haber cotizado a la Seguridad Social. Se mostraban con gran ostentación en las redes sociales y se sentían impunes ante la ley, hasta tal extremo que el líder de la organización, que carece de carnet de conducir, tenía a su nombre varios vehículos con los que trasladaba personalmente a las mujeres de un polígono industrial a otro.
Durante la operación policial se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Madrid y Getafe en los que se ha intervenido 3.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y teléfonos móviles, un arma blanca simulada en una tarjeta de crédito y documentación de interés relativa a los hechos investigados.
Interlocutor social de la Policía Nacional
La coordinación y la colaboración entre la Policía Nacional y las ONG se han visto favorecidas con la creación de la figura del interlocutor social, que surgió en el año 2016 con el objeto de fomentar la colaboración policial con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata. La Policía Nacional cuenta con 54 interlocutores territoriales y una interlocutora nacional, que promueven el desarrollo de protocolos que permitan proporcionar una pronta asistencia a las víctimas y un adecuado asesoramiento policial.
Otra de las herramientas con las que cuenta la Policía Nacional para luchar contra la trata de personas son la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo electrónico HYPERLINK «mailto:trata@policia.es»trata@policia.es, facilitando así la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
204 víctimas liberadas en 2020
Durante el año 2020 la Policía Nacional ha llevado a cabo 73 investigaciones en las que se ha liberado a 204 víctimas y detenido a 220 personas. Además, a través de los canales de cooperación habilitados se recibieron 1.119 llamadas y 1.317 correos electrónicos, lo que suma un total de 2.436 avisos de ciudadanos en relación con este tipo de delitos.