Extremadura primera comunidad autónoma en prohibir el uso de Glifosato en espacios públicos

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En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a Glifosato, principio activo de la gran mayoría de los herbicidas utilizados a nivel mundial, como «probablemente cancerígeno», tras la publicación por parte de Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba la aparición de Linfoma No-Hodgkin, desarrollo de células cancerosas y daños en el ADN en animales de laboratorio en contacto con Glifosato.

La normativa española sobre Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios, señala que «la Administración competente pueda aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de los productos fitosanitarios que considere peligrosos” y que debería informar y sensibilizar a la población en referencia a los riesgos resultantes de su uso, así como sobre la utilización de alternativas no químicas.

Atendiendo a lo anterior, Ecologistas en Acción inició una Campaña Contra el Uso de Herbicidas, tanto a nivel estatal como autonómico, para informar e instar a las administraciones a suspender el uso de glifosato en los espacios públicos. La organización ecologista ha facilitado además información sobre la existencia de alternativas viables a los herbicidas químicos para el control de la vegetación no deseada, tales como los métodos mecánicos o térmicos que se utilizan en la mayor parte de los países europeos, que además de ser más respetuosos con la salud de las personas y con el medio ambiente suponen un mayor potencial en la generación de empleo.

Recientemente y haciéndose eco de esta campaña, además de las promovidas por multitud de plataformas ciudadanas contra los herbicidas, grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Zaragoza han decidido dejar de usar herbicidas químicos.

Ayer, la diputada Irene de Miguel, del grupo Podemos, llevó la propuesta de prohibición del uso de Glifosato a la Asamblea Extremeña y, con el voto a favor de PSOE y la abstención de PP, la propuesta salió adelante, convirtiéndose hoy Extremadura en la primera CCAA española en tomar esta medida en protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

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