El comisario jubilado José Villarejo—que según las revelaciones realizadas hace unos meses por el Diario Público fue el gran muñidor del caso Astapa con el objetivo de controlar el urbanismo de Estepona— fue detenido el viernes por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional acusado de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En total, se ordenó la detención de seis personas y más de una decena de registros, entre ellos, en las oficinas de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid, en su domicilio en Boadilla del Monte, en Valencia y en las propiedades que el comisario tiene en nuestro municipio. (Donde se encuentra una parte muy importante del enorme patrimonio amasado por este comisario).Entre los detenidos se encuentra Juan Carlos Escribano Cárcel, socio de Villarejo en el conjunto residencial El Mirador de la Cala,donde el comisario tiene 18 pisos (entre ellos dos áticos), 20 trasteros/garaje y un local donde se ubica la clínica Cenyt, según el informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
Esta redacción ya se hizo eco en su día de las investigaciones sobre el comisario José M. Villarejo, cuando el mismo apareció vinculado al ex-alcalde socialista de Estepona, David Valadez, y al caso Astapa, tras el laborioso trabajo de investigación llevado a cabo por los periodistas de Diario Público, Patricia López y Carlos Enrique Bayo, en el artículo que publicamos hace unos meses con el título “La relación de David Valadez y el comisario Villarejo pone en jaque el caso Astapa de Estepona”.
Según las revelaciones de ese diario, el Comisario Villarejo fue el muñidor del caso Astapa para— con la ayuda de la UDEF y de la relación con David Valadez— hacerse con el control del Urbanismo de nuestro municipio. Ese diario revelaba que, la clave de la relación entre Valadez y Villarejo estaba en el ex -gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Diego de Lucas Villarubia, hombre de confianza de Villarejo, que entró en el ayuntamiento cuando David Valadez accedió a la alcaldía, tras la operación Astapa. Valadez lo trajo de Madrid y lo contrató como gerente de Urbanismo del municipio, sin que mediara ningún tipo de concurso. Diego de Lucas —que decía a quien quisiera escucharle que él era un hombre del Ministerio del Interior— había sido el administrador único de Sensible Code, la empresa que edita una página digital que controla la mujer del comisario. A este respecto, fuentes de toda solvencia han confirmado a esta redacción que en los años que Valadez estuvo en la alcaldía de Estepona y Diego de Lucas Villarubia en la gerencia de urbanismo, el Comisario Villarejo era realmente quien mandaba y controlaba el Urbanismo de nuestro municipio. Tanto es así, que muchos empresarios con intereses en Estepona se vieron obligados a desplazarse a las oficinas que el comisario tenía en Torre Picasso de Madrid, donde este presumía ante ellos de poder resolver cualquier problema relacionado con el urbanismo en nuestro municipio y se jactaba de tener en su poder el Plan General de Urbanismo de Estepona.
Para ejercer ese control, el comisario utilizó el mismo “modus operandi” que había utilizado en el caso Pujol. Así lo desveló también el Diario Público en su trabajo de investigación informando que los ‘casos’ Pujol y Astapa, aparecían vinculados por el despacho de Villarejo y un agente de la UDEF, poniendo al descubierto que el modus operandi utilizado en ambos casos fue el mismo, ya que los testigos captados por el Comisario Villarejo en esos dos procedimientos terminaron yendo a la sede de la UDEF en Madrid y tuvieron casualmente como receptor al mismo policía, el agente 78.777 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). A este agente acudieron, en el caso Pujol, Victoria Álvarez, ex-pareja de Jordi Pujol Ferrusola, y Javier de la Rosa, acompañados por el socio del comisario Villarejo, Rafael Redondo. Y en el caso Astapa, acudieron a este agente de policía, David Valadez, junto con otra concejala del PSOE de Estepona, Cristina Rodríguez. En lo que se refiere al caso de Estepona, el agente 78.777, fue “casualmente” también el que realizó los primeros informes que dieron lugar al caso Astapa (13 de los 14 primeros informes los hizo este agente). Pero es que además estos informes contenían ingentes anomalías y gravísimos errores, como denunció el conocido letrado, D, Horacio Oliva, diciendo al respecto que “resultaba inexplicable que una Unidad Policial, supuestamente especializada, pudiera faltar a la verdad de forma tan flagrante”; y añadía que “es especialmente grave, por cuanto la misma ha servido de base para la práctica de las detenciones ordenadas en su día por la primera instructora judicial, Isabel Conejo”. Sobre esta noticia, también esta redacción se hizo eco de la misma en el artículo que publicamos, también hace unos meses, con el título “Astapa, el comisario Villarejo y Valadez (2ªparte).
Por otra parte, tras hacerse públicas estas informaciones y dada la gravedad de las mismas, ya que ponían en entredicho no solo a esa unidad de la policía, sino también a la judicatura y al mismo Estado de Derecho, esta redacción ha tenido conocimiento de que varias defensas en el caso Astapa presentaron un recurso solicitando, entre otras cosas, la apertura de una investigación sobre las presuntas irregularidades que pudieron cometer los agentes de la UDEF en los informes iniciales que dieron lugar a este procedimiento y donde está, según las defensas, la clave para desentrañar la verdad sobre esta causa, ya que como revelaba el Diario Público: “la UDEF introdujo datos falsos sobre los procesados en sus informes—desde atribuirles cuentas que no poseían, a puestos en consejos de administración de empresas con las que tampoco tenían relación, etc..—”. Estos recursos están pendientes de respuesta por parte de la Audiencia Provincial.