Los 86 gestores del entramado Caja Madrid-Bankia-Banif, entre ellos 28 políticos del PP, 15 del PSOE, cuatro de Izquierda Unida, un responsable de la Casa del Rey y 10 sindicalistas de CCOO y UGT, además de media docena de empresarios de la CEOE+CEPYME, han expoliado para su uso personal y privativo 15,6 millones entre 2003 y 2012, casi seis millones corresponden a dinero sacado en efectivo de cajeros o compra de ropa, complementos y alimentación en grandes superficies.
La Fiscalía Anticorrupción considera que detrás de esos gastos se puede esconder una apropiación indebida.
La entidad, entre otras acciones, financió a fundaciones de PP, PSOE e IU con un millón al año, colocó a decenas de cargos en sus órganos, facilitó créditos personales a sus miembros, y además facilito tarjetas de crédito sin control, “tarjetas Black”, durante dos décadas. Hacienda quiere investigar a los 86 directivos que usaron las tarjetas, así como las responsabilidades tributarias de Caja Madrid como la de las personas físicas que recibieron esos ingresos.
Todos los gestores venían obligados por ley a una gestión de los recursos públicos de manera eficiente y con garantías de suficiencia para alcanzar los fines sociales, económicos y financieros del territorio en el cual actuaban las Cajas de Ahorro. Su gestión no podía buscar el interés privado, como tampoco el lucro personal.
Muchos de los gestores públicos son directamente los responsables de todos los fraudes, por acción o por omisión, llevados a cabo por las Cajas, ligados directamente a la burbuja inmobiliaria y a la especulación financiera. Esta nefasta gestión ha obligado a dedicar hasta más de 40.000 millones de euros de la ciudadanía a sanear el gran saqueo de lo público, de los cuales el entramado Bankia-Caja Madrid-Banif-absorbe 24.000 millones de euros.
CGT se personó en la causa contra Bankia, porque defendemos el interés general de los trabajadores y trabajadoras, pero una fianza de muchos miles de euros nos ha impedido seguir adelante. CGT no figura entre esos sindicatos que se sientan en los consejos de administración de las Cajas, no pertenece a la casta sindical. Los sindicatos CC.OO y UGT se han comportado como conniventes con las clases poderosas, con las patronales, con los partidos políticos saqueadores del dinero público.
