El Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya hemos asistido a la reunión del Grupo de Trabajo para la reforma de los contratos de temporada que se ha celebrado esta mañana en el Ministerio de Vivienda con el objetivo de acabar con el uso fraudulento de los contratos de temporada y de que se desincentive su uso con fines especulativos. En una reunión en la que los agentes de la patronal inmobiliaria estaban totalmente sobrerrepresentados frente a las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, los sindicatos de inquilinas hemos presentado una propuesta en la que este tipo de contratos temporales también obligan al arrendador a proteger los derechos de los inquilinos. Sin embargo, estas propuestas no han sido “de consenso” para los responsables políticos del ministerio, quienes han emplazado a los actores a una próxima reunión.
La propuesta de los Sindicatos de Inquilinos va encaminada a que se apliquen los derechos reconocidos a las inquilinas en la LAU también en los contratos de temporada y de alquiler de habitación, de esta manera tendríamos los mismos derechos como inquilinos independiente de la modalidad del contrato. Además, nuestra propuesta pasa porque no se pueda usar libremente este contrato sino únicamente cuando la temporalidad esté justificada y limitarlos en todo caso a seis meses.
Esta modificación serviría para paliar el fraude de ley masivo que están llevando a cabo las entidades mercantiles y los caseros dedicados al alquiler de viviendas. De esta manera, el alquiler de habitaciones – coliving- dejaría de tener el atractivo especulativo que tiene actualmente. Por otro lado, el contrato de temporada también dejaría de usarse de manera fraudulenta ya que los efectos previstos buscan reducir su uso únicamente a los casos excepcionalmente justificados.
El PSOE dice que “no hay consenso”
La composición de este Grupo de Trabajo prioriza al sector que asume la vivienda como un bien de mercado, este sector triplica en número al de las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda. Con esta composición es evidente cómo la mercantilización de la vivienda va a quedar patente en las conclusiones de la reunión. Es por ello que, el Gobierno y la Ministra de Vivienda están dejando clara su comprensión de la vivienda como un bien especulativo y sus prioridades políticas para esta legislatura.
Toda modificación legislativa en materia de vivienda quedará sin efecto si no se aplica un régimen sancionador a quién incumpla la regulación. Sin inspectores especializados en materia de vivienda y sin sanciones, se prevé que el fraude continúe tal y como se aprecia en el cobro de los honorarios a los inquilinos a pesar de la modificación legislativa que prohíbe este cobro.
En conclusión, y aún sabiendo que la reforma de los contratos de alquiler de temporada de la manera en la que los Sindicatos de Inquilinos proponemos no aliviaría el problema del acceso a la vivienda, sí supondría evitar un fraude de ley masivo que actualmente está habiendo. La situación de los alquileres es alarmante, cada vez son más inasumibles para la mayoría de la población y necesitamos una bajada drástica de los precios, ampliar el parque público de vivienda a partir de la vivienda vacía y desincentivar la especulación, para avanzar así progresivamente hasta que consigamos que la vivienda no sea un bien de mercado con el que hacer negocio.