Se han reunido por segunda vez representantes del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad para trabajar sobre la firma del convenio de realojo para la denominada zona sin asfaltar del Sector 6, (tramo entre la incineradora de Valdemingómez hasta el final del término municipal de Madrid con Getafe), contemplado en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana que se firmó el pasado mes de mayo.
Por parte del consistorio han acudido el Segundo Teniente de Alcalde y Delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, que lidera las actuaciones del ejecutivo local en Cañada Real, y la vicealcaldesa y Delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo Marta Higueras. El equipo de gobierno regional ha estado representado por Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad, Rosalía López, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, e Isabel Pinilla, gerente de la Agencia de la Vivienda Social del gobierno regional. Asimismo, los dos comisionados para la Cañada Real: Pedro Navarrete en representación del municipio de Madrid, y José Antonio Martínez Páramo desde el gobierno regional.
En este sentido, Nacho Murgui ha señalado que esta reunión ha finalizado con un balance positivo, en la que se ha constatado que hay un acuerdo político, y un acuerdo de fondo con los asuntos relacionados con los primeros pasos dados sobre el realojo del Sector 6 de la Cañada Real. “Las dos administraciones tenemos el firme compromiso de dar una solución a la Cañada Real y a las situaciones de mayor vulnerabilidad que se están viviendo en este ámbito”, ha asegurado.
Aproximadamente 150 familias en situación de vulnerabilidad en el Sector 6
Debido a las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad en el llamado Sector 6, en la firma del Pacto se adquirió el compromiso de iniciar su desmantelamiento mediante un convenio que regule las condiciones del mismo entre el gobierno municipal y el regional. La imposibilidad de uso residencial y máxima vulnerabilidad de la zona vienen marcadas por la emisión de olores debido a la proximidad del Parque Tecnológico, afecciones de ruido por las grandes infraestructuras de comunicación y energéticas y preservación de espacios protegidos, al estar los suelos dentro o colindantes con el parque regional de los Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama.
La población afectada, que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y en situación de exclusión severa, ha sido cuantificada en un máximo de 150 familias según datos del estudio de la Agencia de la Vivienda Social de 2016, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas y familias afectadas. Los realojos, de acuerdo a lo recogido en el Pacto, garantizarán su reubicación dispersa en el conjunto de la región a todas las familias que cumplan con los requisitos para el realojo previsto.
El Ayuntamiento trabaja en la consolidación jurídica y el reparto de responsabilidades entre instituciones
Desde el área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento se ha reiterado en varias ocasiones la importancia del seguimiento de las familias realojadas, que para el gobierno municipal es una fase fundamental del proceso.
El consistorio de Madrid ha estado trabajando estas semanas en consolidar el texto desde el punto de vista jurídico y en proponer un reparto de responsabilidades acordes a las competencias de cada Administración.
“Tras la reunión de hoy, ahora solo queda el informe jurídico que consolide jurídicamente este acuerdo político que nos permita proceder a la firma definitiva del convenio” ha señalado Murgui, quien también ha explicado que mediante este convenio “la dos administraciones, en virtud de sus competencias, van a cumplir al 50% con el realojo de las 150 familias, que están afectadas y que viven en el Sector 6. Se espera poder firmar el convenio a principios de 2018.
Las fases del procedimiento de realojo quedaron establecidas en Pacto Regional en:
•Comprobación de la ocupación efectiva de la vivienda objeto de remodelación por sus titulares legales, de acuerdo con el censo a 31 de diciembre de 2011.
•Comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso al realojo.
•Requerimiento de documentación acreditativa del derecho a realojo y su posterior análisis.
•Emisión y notificación de la resolución del derecho a realojo.
•Firma de contratos de arrendamiento y contratación de los suministros en las viviendas adjudicadas.
•Traslado a la nueva vivienda y derribo de la antigua.
