CCOO denuncia el descenso, por cuarto año consecutivo, de los presupuestos de las universidades públicas, que se sitúan en el nivel de gasto del año 2006. A pesar de que el gobierno ha decretado el final de la crisis y los datos anuncian el crecimiento del PIB español, la inversión en la Educación Superior disminuye porque sigue sin ser una prioridad para nuestro país.
El informe “Evolución del presupuesto de las universidades públicas 2010/2014”, elaborado por la Federación de Enseñanza, revela que desde 2010 los presupuestos de los campus universitarios han descendido un 15,1% en euros corrientes, una caída del 23,8% si sumamos el incremento del IPC entre diciembre de 2009 y 2013. Por tanto, las universidades han perdido 1.523 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de gasto de las universidades en función del PIB ha pasado del 0,97% de 2010 al 0,83% de 2014, llegamos a la conclusión de que esta reducción ha sido más intensa que el descenso del PIB hasta 2013 y ha continuado durante 2014, a pesar del crecimiento de este.
Las universidades también han recibido menos transferencias corrientes de las administraciones educativas: en 2014 esta cifra fue de 5.458 millones, inferior a los 5.858 millones de euros transferidos en 2004 .
La brusca caída de la financiación ha ido acompañada, además, de un recorte de 75 millones de euros en becas solo durante el último curso, y del endurecimiento de los requisitos de acceso a estas. El último informe de Eurydice, correspondiente al curso 2014/2015, revela que solo el 27% de los estudiantes españoles de formación superior recibe becas y ayudas, frente al 47% de Irlanda, el 76% de Holanda o el 100% de los casos en Finlandia o Luxemburgo. España se sitúa al mismo nivel que Eslovenia y ligeramente por encima de Polonia, Portugal o Hungría. CCOO recuerda que la disminución de fondos para becas y ayudas pone en riesgo la equidad y la igualdad de oportunidades, además de suponer un incumplimiento de los planes acordados en 2010.
El informe destaca también el incremento de las tasas y precios públicos que tienen que pagar los estudiantes. Estos ingresos, que en 2010 suponían el 16% del total de los recursos de las universidades públicas, se han incrementado de forma global en 338 millones de euros y han pasado a suponer casi el 22,8%.
Además, el gasto medio por alumno/a se ha reducido un 16,5% (25,2% en euros constantes), pasando de 7.760 euros a 6.481, es decir, 1.279 menos por estudiante.
Uno de los capítulos más afectados ha sido el de personal. En los últimos cuatro años, el presupuesto ha descendido más de 484 millones de euros, lo que supone que el 31,8% de los recortes se ha aplicado a la plantilla de las universidades. Entre enero de 2012 y enero de 2014, 5.669 profesores y 2.455 miembros del personal de administración y servicios han perdido su trabajo. A este respecto, junto a la destrucción y precarización del empleo, CCOO critica que los límites a la contratación y la ridícula tasa de reposición están provocando que muchos jóvenes investigadores emigren y no se produzca la necesaria renovación generacional.
Por otro lado, la caída de la financiación de la I+D nos separa cada vez más de Europa. Hemos pasado de invertir el 1,40% del PIB en 2010 al 1,24% en 2013, según el avance de datos correspondiente a ese año.
En este contexto, se han paralizado los planes plurianuales de inversión y el capítulo dedicado a nuevas construcciones, reparaciones, compras, proyectos de investigación, etc. ha perdido más de 832 millones de euros en el periodo analizado. Casi el 56% del total de los recortes se ha producido en esta partida de gastos.
En definitiva, la reducción de los presupuestos destinados a la Educación Superior por parte de las administraciones central y autonómicas está dificultando el desarrollo de las funciones que la Ley Orgánica de Universidades establece en su artículo 1 con la calidad requerida. Entretanto, la Conferencia General de Política Universitaria sigue sin cumplir con algunas de sus funciones principales: la elaboración de un informe sobre la situación del sistema universitario y su financiación y la formulación de propuestas que permitan mejorar su calidad y eficiencia, asegurando su suficiencia financiera, así como garantizar a los ciudadanos las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
